Trabajo Social y políticas públicas: motivación, resiliencia y desafíos en la protección de la infancia
El Trabajo Social en infancia se desarrolla en un contexto político y estructural que condiciona de manera decisiva la labor de los profesionales. Las políticas públicas, los recursos disponibles, la organización institucional y la priorización social de los derechos de los niños, niñas y adolescentes impactan directamente en las condiciones de trabajo, la motivación y la resiliencia de quienes ejercen la profesión. Comprender este marco es esencial para visibilizar los desafíos que enfrentan los trabajadores sociales y para reflexionar sobre la importancia de proteger su salud mental, como un elemento central de la intervención efectiva.
En Chile, la Ley N.º 21.430, sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, representa un cambio significativo en el paradigma de intervención con infancia vulnerable. Esta normativa ha impulsado la creación del Servicio de Protección, redefiniendo lineamientos estructurales y operativos para la atención de los niños y niñas. Sin embargo, la implementación de la ley enfrenta desafíos que reflejan la desconexión entre el diseño normativo y la práctica real, obligando a los trabajadores sociales a actuar no solo como operadores de políticas, sino también como mediadores, adaptando e interpretando lineamientos que a menudo presentan limitaciones en recursos y flexibilidad contextual.
Visibilizar la realidad de quienes trabajan en protección especializada es un imperativo profesional y ético. La precarización laboral, la sobrecarga emocional y las limitaciones institucionales comprometen la salud de los trabajadores sociales, y también generan impactos directos en la calidad de la atención que reciben los niños y niñas. Reconocer y promover la motivación, la resiliencia y la salud mental de los profesionales constituye un paso fundamental para fortalecer la práctica del Trabajo Social en contextos de vulneración.
La resiliencia surge como un recurso fundamental en este entorno. Los profesionales desarrollan estrategias de autocuidado, supervisión y construcción de redes de apoyo, así como formas creativas de adaptar su intervención a la realidad local y territorial, mitigando las limitaciones impuestas por la estructura política y organizacional. Estas prácticas reflejan no solo la capacidad de adaptación, sino también la ética y compromiso de quienes buscan garantizar la protección efectiva de la infancia, a pesar de las barreras estructurales.
Visibilizar la relación entre políticas públicas y práctica profesional es un acto ético y estratégico. La rigidez normativa, la falta de recursos y la fragmentación carrera. Garantizar intervenciones eficaces implica reconocer estas limitaciones, promover estructuras de decisión más flexibles y valorar la creatividad, resiliencia y compromiso ético de los profesionales.
Cuidar a quienes implementan las políticas sociales no es un acto opcional: es una responsabilidad ética y profesional. Fortalecer la salud mental, motivación y resiliencia de los trabajadores sociales asegura intervenciones más humanas, sostenibles y efectivas. En última instancia, proteger a los profesionales significa garantizar que los niños y niñas reciban la atención, contención y cuidado que merecen, en un sistema que se acerque cada vez más a la justicia social que la Ley N.º 21.430 busca consolidar.
Por Vanessa Romo G.
Trabajadora Social, Ayudante de Investigación, carrera de Trabajo Social
Universidad Bernardo O’Higgins
