Estudio UBO detecta importantes diferencias en percepciones sobre el proceso de Admisión 2021

Análisis de la Opinión Pública Digital realizado por la Universidad Bernardo O´Higgins en conjunto con Rebaño Consultores, sobre el proceso de admisión 2021, detectó percepciones encontradas entre las usuarias y usuarios de redes sociales. Mientras unos valoran el esfuerzo y mérito de los estudiantes, otros apuntan a la desigualdad y las determinantes sociales en los resultados de la reciente Prueba de Transición Universitaria (PDT).

En este estudio, que analizó una muestra de 13.212 conversaciones de Facebook, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se concluye que un 48,2% de los usuarios de Facebook tienen una percepción negativa del Proceso de Admisión 2021, mientras que un 46,4% es positiva y el 5,4% es neutral.

Entre las menciones negativas, uno de cada dos usuarios señala que el sistema de admisión es injusto y que la PDT es una prueba segregadora, aumentando las desigualdades que existen en el sistema educativo chileno. Señalan que en Chile no existe la meritocracia y piden un cambio profundo en el sistema de admisión universitaria.

Por otro lado, entre quienes tienen una percepción positiva se menciona la disciplina y el esfuerzo de los estudiantes como la principal determinante de los resultados. Se señala en el estudio que para estos usuarios y usuarias la desigualdad existe, pero que pesa mucho más en los resultados el mérito personal de los estudiantes. Destacan en la conversación que “el que quiere puede”.

“Lo interesante de estos datos es que lo positivo los estudiantes lo atribuyen al esfuerzo personal y el apoyo de sus familias en el contexto de un sistema educacional que se sigue percibiendo como segregador e injusto, que no favorece a que todos los jóvenes se preparen en igualdad de condiciones”, explica la Directora General de Admisión UBO, Priscilla Pizarro.  

Por último, ante la interrogante sobre extender la gratuidad al 100% de la población beneficiaria, el estudio concluyó que un 54,6% estaría de acuerdo, mientras que un 33,9% rechazaría esta posibilidad y un 11,2% es neutral. Quienes están de acuerdo afirman que no debería importar la situación económica de las familias para entregar este beneficio, mientras que quienes rechazan señalan que “quien puede pagar que pague”.